Cuando las empresas salmoneras justificaron miles de despidos por el brote del virus ISA desde el año 2009 hasta el 2015, enfermedad causada principalmente por el mal manejo de los contaminantes que surgen de esta actividad, las autoridades simplemente se conformaron con disponer vagas declaraciones respecto a hallar soluciones al problema del desempleo y apoyar a las empresas en búsqueda de formas de recuperar la industria salmonera.
La justificación a las paupérrimas fiscalizaciones en torno a los residuos de ésta industria, así como las evidentes irresponsabilidades que permite la actual ley de pesca sobre el manejo de los recursos del mar, siempre ha sido bajo el demagógico recurso de fomentar la inversión, como necesidad imperiosa de un país que depende de ésta para construir una imagen de desarrollo que una vez hilamos medianamente fino se cae a pedazos, casi como el ecosistema marino de la Región de Los Lagos.
La crisis actual – que comenzó hace meses, pero ha sido suavizada por la ligereza de una prensa carente de vocación e incapaz de demostrar las capacidades mínimas de operar como cuarto poder – ha sido justificada por autoridades e industriales a través del fenómeno natural de la marea roja que, si bien se ha manifestado en múltiples oportunidades en las costas chilenas, sería la primera vez que alcanza los ribetes catastróficos que se han mostrado hoy.
Teniendo en cuenta que algunos expertos en la materia[1] deducen que las circunstancias actuales no obedecen únicamente a una situación natural, sino que la principal causa serían los desechos de la industria salmonera ha ido vertiendo en los mares del sur de forma constante es necesario asumir que lo estamos haciendo mal.
Fueron arrojadas 39 toneladas de peces muertos al mar, y las autoridades declaran que se respetaron los criterios internacionales al permitir dicho vertido a 75 millas de la costa, lo que en principio precavería cualquier daño medioambiental considerable: un craso error.
La ingenuidad con la que se ha lidiado con el tema es grosera – asumiendo que no son desidia, corrupción o ineptitud las condicionantes – puesto que los requisitos de sustentabilidad no se cumplen en los parámetros más mínimos, y el resquicio de la generación de empleo también es pobre puesto que las condiciones de trabajo son mediocres y los salarios exiguos.
Después de eso, y que las consecuencias las tengamos a la vista, el ejecutivo ha ofrecido un bono de $100.000.- por familia afectada, lo que otra vez deja en evidencia que, así como con la ley Longueira, los más perjudicados son las personas más pobres, los pescadores artesanales, los recolectores de orilla y quienes han sido despedidos por las salmoneras, pues aquellas han abaratado todos los costos posibles, exceptos los que permanecerán por largo tiempo en nuestro país luego de que los inversionistas cierren por fuera: la contaminación.
Por otro lado, las protestas y enfrentamientos que en este momento se libran en las calles del sur, muestran la caricatura de un Estado que ofrece migajas con una mano y sostiene el martillo en la otra en caso de que estas no sean recibidas, poniendo de manifiesto que hemos llegado al punto en que debemos repensar nuestro futuro y el “modelo de negocios” que el país está formulando.
Si vamos a pagar con nuestra estabilidad medioambiental las inversiones y los puestos de trabajo a la larga no tendremos recursos naturales que explotar y esas inversiones y puestos de trabajo desaparecerán igualmente.
No existe justificación alguna para este harakiri que nos estamos haciendo como nación pues el “pan para hoy y hambre para mañana” no puede reemplazar el lema de nuestro escudo, a pesar de que estemos abandonando “la razón” como motor de nuestras decisiones y perdiendo “la fuerza” para hacer lo que se necesita para parecernos al país desarrollado que con tanta ansiedad clamamos ser.
[1] Dra. Beatriz Bustos «La industria salmonera volvió a olvidarse que trabaja con seres vivos y está tomando decisiones en función de la productividad» http://goo.gl/gpYZtq
La Navaja De Gómez 