ÉTICA Y LEGALIDAD: EL MÍNIMO NO ES SUFICIENTE.

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   Todos sabemos que la ley existe para imponer criterios mínimos sobre cómo el individuo debe comportarse en un entorno social. Es un límite para que todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos sin pasar a llevar al que está al lado. Sabemos también que no es posible exigir a las personas más que esos mínimos: detenerse en ante un signo PARE, no robar, pagar una pensión alimenticia. No obstante, muchos olvidan que existen designios superiores a la mera legalidad a la hora de desenvolverse en sociedad y aunque sea una generalización torpe, para efectos de éste punto lo llamaremos: ética.

   La ética, definida en los términos más generales posibles como el deber moral de actuar de buena fe o lo que es más amplio, pero aún más claro: hacer el bien, es una necesidad en el actuar del individuo que asume su importancia para permear el mundo de bondad.

  El caso del diputado Andrade y su esposa es un fiel reflejo de la incapacidad de los “servidores públicos” de ver más allá de la mera legalidad, utilizándola incluso como un subterfugio para respaldar actuaciones impropias: El diputado se ve involucrado en la votación de una norma que permitía que su entonces esposa obtuviera una millonaria pensión. Él y nosotros sabemos que no era ilegal que él votara, pero ¿era ético? La función de un parlamentario es representar a sus territorios, y velar porque la legislación sea lo más transparente posible. Entonces pudiendo abstenerse de votar, decide hacerlo de igual modo, generando inmediatamente la duda de si lo hizo pensando en su deber como legislador o por el interés personal en los beneficios que le reportaba la creación de la ley en cuestión.

  Como decíamos al principio, al común de las personas podemos exigirle que actúe conforme a la ley, pero los representantes de la gente deben ser intachables, la ética es fundamental, es un requisito sin el cual no es posible entender la dignidad de un cargo tan importante. Es por ello que la esposa del citado no puede salir, solo cuando el tema sale a la luz pública, a decir “que le da vergüenza” y el diputado no puede decir “esto no es ilegal” como argumento. Sobre todo, si tenemos en cuenta el deprimente escenario de las pensiones en Chile, donde la desigualdad de una pensión de setenta mil pesos con una de más de cinco millones no basta con ser calificada de vergonzosa.

   Lamentablemente, el nefasto paradigma político actual hace eco de casos como éstos todo el tiempo. Suficiente material hay con mencionar el caso SQM, PENTA, Corpesca, Dávalos y el recién destapado escándalos de financiamiento irregular del diputado Ivan Fuentes, que hasta hace unas horas se consideraba uno de los pocos representantes honestos del panorama legislativo, solo por tener en cuenta a los más bullados, que dan cuenta de la crisis de las instituciones republicanas que pasa por permitir que personas pobremente calificadas para detentar la representación de los ciudadanos, accedan a los cargos públicos, donde se abusa de su influencia, se aprovechan de leyes mal construidas para obtener dineros de empresas que condicionan sus votaciones en el Congreso; conseguir posiciones de poder para familiares y conocidos, sin respetar los mínimos criterios de meritocracia, o concretar negocios abusando de información privilegiada. Lo anterior sin que sea en rigor ilegal, pero no por ello debería considerarse aceptable pues la probidad[1], la ética, no pueden alejarse de su labor, ellos no son personas a las que deba exigírseles el mínimo, deberían – y digo deberían porque sabemos que desgraciadamente no es así y eso es culpa nuestra al no tomarnos en serio nuestra labor cívica – ser los mejores.

   Finalmente, la ética es una palabra sencilla pero poderosa, que todos deberíamos incorporar a nuestro lenguaje y al diario vivir, porque si bien ninguna ley nos va a castigar cuando  se cometen ciertos hechos, deberíamos preguntarnos si somos éticos cuando abandonamos a un perro que fuera nuestra mascota a la calle, a su suerte; cuando nos hacemos parte de un rumor que sin saber su certeza, perjudica a otra persona; cuando mentimos en un informe social para obtener un beneficio económico que no ha sido creado para nosotros.  Si hemos de exigir que los demás se comporten a la altura, hagámoslo también, no se detenga en el signo PARE por miedo a un parte, deténgase para evitar que alguien salga herido. Esa es la diferencia entre la ley y la ética.

[1] Incluso la actual Constitución Política de la República establece en su artículo 8° el llamado Principio de Probidad constitucional señalando “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones” o lo que es lo mismo, hacer primar el interés general sobre el interés personal, cuestión dudosa en los casos expuestos.

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